Gobierno chileno presentará una querella contra los responsables del atentado terrorista que se cobró la vida de tres carabineros

Murieron calcinados un sargento y dos cabos en Chile. Foto: EFE

Un violento ataque contra los funcionarios de Control de Orden Público tuvo lugar en la localidad de Cañete, Chile, cuando un grupo de hombres armados disparó contra la patrulla policial antes de prender fuego al vehículo con ellos adentro. 

Producto del atentado terrorista contra la integridad territorial chilena, murieron calcinados un sargento y dos cabos, lo que agrava la delicada situación que atraviesa el país sudamericano, marcada por una crisis de seguridad que provocó un aumento de los delitos violentos y del crimen organizado.

Las banderas de Chile y la institución de Carabineros, a media asta. Foto: EFE

Ante esta situación, el subsecretario de Interior chileno, Manuel Monsalve, anunció que el Gobierno se querellará contra los responsables del asesinato de tres policías ocurrido la madrugada del sábado en la región del Bio Bío, en la zona centro-sur de Chile.

"Las querellas que va a presentar el Gobierno van a ser por homicidio contra Carabineros, infracción a la Ley de Armas y por organización criminal", precisó Monsalve, quien aseguró que, si bien el Ejecutivo quisiera demandarlos por Ley Antiterrorista, esta "no permitiría ser lo suficientemente eficaces ni aplicar las penas más altas".

Carabineros chileno. Foto: EFE

Es que, en el caso de que se consiguieran acreditar las evidencias ante la Justicia, los tres delitos denunciados conllevarían una pena de cadena perpetua calificada.

Monsalve confirmó que este domingo se entregarán los cuerpos de los tres policías a sus familias y señaló también que se evaluarán las medidas de seguridad en la zona, donde varias localidades pasaron la noche bajo toque de queda.

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Se extremaron las medidas de seguridad en la zona

Tras el asesinato simultáneo de los tres funcionarios policiales, inédito en el pasado reciente de Chile, varias autoridades políticas exigieron al Gobierno extremar las medidas de seguridad en la zona, afectada por un conflicto que involucra pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques considerados ancestrales por las comunidades indígenas.

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La Araucanía y parte de la región del Bio Bío, incluido el sector donde se perpetró el ataque, están bajo estado de emergencia desde mayo de 2022, en un intento por controlar los ataques de grupos armados, en su mayoría sabotajes incendiarios.

El gobernador del Bio Bío, Rodrigo Díaz, pidió reponer la pena de muerte para quienes asesinen a policías, mientras que la derecha tradicional reclamó dar urgencia a los proyectos de ley pendientes en materia de seguridad. La mayoría de estas propuestas se levantaron en medio de otra crisis desatada hace justo un año por el asesinato de otros tres agentes ocurridos en pleno desarrollo de sus labores y en menos de 21 días.