Continúa la disputa en el plano legal entre el gobernador del Estado, Greg Abbott, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Por Canal26
Miércoles 27 de Marzo de 2024 - 13:27
La vigencia de la controversial ley migratoria de Texas, denominada SB-4, que permite a la policía del Estado detener y deportar a personas en la frontera fue rechazada por una corte de apelaciones de Estados Unidos mientras es discutida. El tribunal de Nueva Orleans (Luisiana) escuchará los argumentos relacionados a la exclusividad del Gobierno federal en estos asuntos el próximo 3 de abril, para confirmar si debe haber o no orden judicial para esta legislación.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito "es una victoria importante para los derechos de los inmigrantes y evitará que la ley se aplique hasta que el tribunal decida si es inconstitucional", indicó uno de los grupos demandantes, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
En este marco, el fallo permite que se mantenga vigente una decisión de un tribunal inferior, que impide la decisión de la SB-4 de entrar en vigor mientras el caso sea litigado.
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El pasado 20 de marzo un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones celebró una audiencia sobre este caso que tiene enfrentados al Gobierno federal con el de Texas, que encabeza el republicano Greg Abbott.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentó que la SB-4 es una violación de la autoridad nacional y crearía caos en la frontera, mientras que Abbott plantea que el presidente Joe Biden tiene "abierta" la frontera.
"Durante casi 150 años, la Corte Suprema ha sostenido que el poder de controlar la inmigración (la entrada, admisión y expulsión de no ciudadanos) es exclusivamente un poder federal", entre otras cuestiones, subrayó en el fallo, publicado la noche del martes, la jueza Priscilla Richman.
La decisión ocurre luego de días de agitación legal, durante los cuales la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la ley entrara en vigencia durante unas horas antes de que el Quinto Circuito dictaminara impedirla temporalmente.
De entrar en vigencia la ley, las policías a nivel estatal y local estarían autorizadas para detener, apresar y procesar a los migrantes sospechosos de entrar de manera ilegal a Estados Unidos.
La medida convierte en delito menor el que un extranjero "ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera" de forma irregular, lo que conlleva una pena de hasta seis meses de prisión.
En este sentido, si el infractor es reincidente, la falta se transforma en un crimen grave, castigable hasta con 20 años de cárcel. La SB-4 también permitiría a los jueces estatales (no los migratorios) ordenar a las personas que vayan a México.
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